En la Argentina hay 2.800.000 personas con algún tipo de discapacidad. El 80 por ciento de la población activa está desocupada. A nivel mundial, desde hace años se habla de la necesidad de pasar del modelo médico hegemónico a un modelo social. La importancia de derribar prejuicios, en una sociedad que muchas veces opta por mirar para otro lado.
El licenciado Hugo Fiamberti tiene varios títulos: trabajador social, responsable del Programa de Participación Ciudadana de la Fundación Par, integrante de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento, docente de la Especialización en Gestión de Servicios para la Discapacidad en el Instituto Universitario de Salud, secretario de la Comisión de Discapacidad de la Asociación de Personal Legislativo en el Congreso de la Nación, asesor del Senado de la Nación y miembro de la red de investigadores del Inadi
Habla de los títulos, de las profesiones, del trabajo que define identidades; y de cómo la sociedad le niega esta posibilidad a las personas con discapacidad. Fiamberti trabaja, desde hace años, en un proyecto a largo plazo: dar pasos para dejar de ver a los discapacitados como enfermos. “Es la única forma de incluirlos”, asevera.
La semana pasada estuvo en Santa Fe, para dar una charla organizada por el Inadi, el Centro Comercial y la Unión de Entidades de y para Discapacitados.
Su discurso tiene un punto de partida: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionada en 2008. Ese texto afirma que “los Estados Partes (entre los que se encuentra la Argentina) reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”.
“Esta Convención tuvo participación directa, como no tuvo ninguna otra, de las mismas personas con discapacidad. Para haber llegado esta situación, hubo un trabajo arduo de muchos años: un proceso”, relata.
LOS NORMALES
“Que una persona con discapacidad -del tipo que sea- esté excluida del sistema laboral, tiene que ver con un modelo, con una normalidad que hemos establecido como sociedad. En esta sociedad, basada en el sistema capitalista, triunfa el que tiene más saberes y habilidades desarrolladas. Si sos licenciado, doctor o profesor tenés un estatus. El trabajo nos representa, nos identifica, nos clasifica”, explica.
Las personas con discapacidad están absolutamente excluidas de esta dinámica. “Si los índices de desocupación bajaron mucho en todos estos años, no fue así respecto de la población activa de personas con discapacidad. Según relevamientos recientes, el 80 por ciento de esa población activa -unas 800 mil personas, según el censo de 2003- está sin trabajo”, afirma.
Según el último censo, hay 2.800.000 personas con discapacidad en la Argentina. La población activa es de un millón, aproximadamente. Ese millón se encuentra en situación de precarización del trabajo y, en muchos casos, de discriminación.
“¿Qué sucede a la hora de que una empresa desea incorporar a una persona con discapacidad? En aquel gerente de recursos humanos, ¿cómo está representada la persona con discapacidad? Ahí es donde juega muy fuerte el modelo social o el modelo médico hegemónico”, define el profesional.
“Todo lo que se ha construido como sociedad con respecto a esta población fue sobre la base de ese modelo. Se habla desde el déficit: la persona no ve, no oye, no camina. La tenemos que asistir continuamente, no tiene autonomía. Así vamos construyendo estos espacios donde trabajamos, desde una normalidad: la de aquel que puede caminar, que puede trabajar en una computadora”, sostiene. Y asegura que en la mayoría de los casos no se presta atención a las herramientas tecnológicas que se han ido diseñando para igualar oportunidades, para que una persona ciega pueda trabajar a la par con una que no lo es.
CAMBIAR EL CHIP
En contraposición con el modelo médico surge el modelo social, desarrollado desde fines de los años ‘60 en países como Inglaterra o España, y puesto en palabras en nuestras latitudes a partir de la Convención.
“Este texto parte de una base: la discapacidad se da por la interacción entre la persona que tiene un déficit (esto es innegable) y el entorno. Cuantos más obstáculos se generen, más discapacidad se va a manifestar”, aclara el especialista.
“Romper los estereotipos es muy difícil. El riesgo es dejarlos atrapados en un ghetto. Que una persona sea incluida en el ámbito laboral o estudiantil implica poner la silla y aceptarlo con la diferencia que tiene”, afirma.
“Cuando uno ve un noticiero -un accidente, un evento cualquiera-, el movilero le pone el micrófono a distintas personas para que cuenten. Jamás vi una persona con discapacidad hablando en igualdad de condiciones. Ellos deberían opinar, no sólo respecto de las cuestiones que hacen a su condición”.
“Tenemos que incluir a estas personas en la toma de decisiones. Si no incluimos, si no ponemos más sillas para que todos diseñemos una nueva forma de vida, vamos a seguir generando políticas sin espacio para todos. En las universidades este tema no está, en ninguna de las carreras de grado ni en los institutos de formación. Tenemos un gran trabajo por delante”.
NATALIA PANDOLFO
Fuente: El Litoral
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