Fallo en favor de los discapacitados

El gobierno porteño tiene 240 días para intimar a los colegios privados para que mejoren la accesibilidad

El gobierno porteño deberá intimar, dentro de los próximos 240 días hábiles, a los colegios privados para que eliminen las barreras arquitectónicas, y adaptar las escuelas públicas para el libre acceso y circulación de personas con discapacidad motora. Así lo determinó un fallo, el 22 de diciembre pasado, del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAT) número 4 de la ciudad de Buenos Aires.

"La medida no busca castigar a nadie, sino concientizar a las autoridades de que hay una ley (la 962) que no se cumple", dijo a LA NACION la jueza en primera instancia que estuvo a cargo de la causa, Elena Amanda Liberatori.

El amparo fue presentado el 27 de diciembre de 2006 por la organización no gubernamental (ONG) Fundación Acceso Ya, patrocinado por la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en contra del Ministerio de Educación porteño. "El objetivo era que implementen las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad motora o movilidad reducida en todas las escuelas de la ciudad", aseguraron desde la ONG.

"Durante los casi tres años que duró la causa hubo muchas idas y venidas. Peritajes intensivos de arquitectos que recorrieron cada una de las escuelas antes de redactar el informe final y que es el principal fundamento de mi sentencia", dijo Liberatori.

"Con este fallo logramos dar un primer y gran paso", aseguró la doctora Evangelina Gálligo, vocera de la ONG, que además dijo: "Después hay distintas barreras culturales que eliminar. Por eso empezamos por este derecho para construir una nueva ciudadanía, en la que se respete la diversidad".

"Lo que sigue ahora es un monitoreo de la demanda judicial y el relevamiento de las obras. Vamos a evaluar los criterios de valoración para cada una de ellas", dijo Gálligo.

El coordinador de Relaciones Institucionales de Pro Bono, Martín Zapiola Guerrico, aseguró a LA NACION que "la falta de accesibilidad física a las escuelas reviste particular gravedad porque, en primer lugar, se limita seriamente el derecho a aprender de los chicos con discapacidad y, en segundo lugar, se está dando un muy negativo mensaje de exclusión y discriminación a los niños que no padecen ninguna discapacidad motora".

El abogado, además, dijo: "El fallo es muy sensato e indica un camino claro para que el Gobierno de la ciudad corrija tan grave situación y cumpla con la ley. Lamentablemente, el gobierno porteño ha optado por apelar la decisión judicial en lugar de cumplirla".

Números elocuentes

Desde Acceso Ya se realizan, en forma periódica, relevamientos de los establecimientos educativos, desde el nivel inicial hasta el universitario, en toda la ciudad de Buenos Aires.

De estos recorridos se desprende que el 95 por ciento de las escuelas privadas y el 75 por ciento de las escuelas públicas no cumplen con las condiciones mínimas de accesibilidad, que es contar con rampas de acceso, ascensores y baños adaptados para personas con discapacidad motora.

Estas barreras arquitectónicas dejan fuera del sistema educativo a más del 85 por ciento de los 21.000 niños, niñas y adolescentes que presentan alguna discapacidad de movilidad en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Quienes iniciaron la acción de amparo explicaron que en el proceso no hubo cambios en la actitud con el traspaso de gobierno del año 2007. "No hubo ninguna atención extra. Cada requerimiento de información que hacía el juzgado era respondido de manera incompleta y esquiva. Tengo esperanzas de que las nuevas autoridades del Ministerio de Educación cambien", aseguró Gálligo.

El 8 de febrero pasado el gobierno porteño apeló la sentencia, por lo que la causa pasó a la Cámara de Apelaciones, que deberá determinar si el fallo queda firme o hace lugar al planteo de las autoridades porteñas.

Voceros del Ministerio de Educación porteño, a cargo desde principio de año del ex diputado Esteban Bullrich, dijeron a LA NACION: "La apelación fue presentada debido a que los tiempos que fija el fallo no son aplicables a los procesos administrativos que el Poder Ejecutivo necesita cumplir", y agregaron: "El Ministerio de Educación de la ciudad dispone de 382 asistentes celadores que acompañan a los alumnos con necesidades especiales en sus tareas de motricidad, higiene y alimentación".

José María Costa

Ordenan relevar a las escuelas bonaerenses

LA PLATA.? Un juez de esta ciudad le ordenó al gobierno bonaerense que informe a una ONG cuáles son las condiciones de accesibilidad para niños con discapacidad motora en todas las escuelas de la provincia, luego de que el organismo entregara un informe incompleto. La medida fue dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de La Plata, a cargo del juez Eduardo Silva Pelossi, ante un pedido de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de 2008. Fuentes de la ONG dijeron a La Nacion que como la Dirección de Educación Especial bonaerense no tenía la información presentaron un informe incompleto que contenía el 50% de las escuelas.